La Estrategia Nacional BIM de Colombia:
qué exige, a quién y desde cuándo

2026 no es un año más para la construcción colombiana: es el año meta que el propio Estado se fijó para que el 100 % de los proyectos de construcción e infraestructura pública del orden nacional se gestionen con metodología BIM (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2020). Ese compromiso — conocido como el mandato BIM — no nació de un decreto aislado, sino de una política pública construida durante siete años que la mayoría de las empresas del sector todavía no ha leído. Este artículo desglosa qué dice exactamente la Estrategia Nacional BIM, a quién obliga, qué tan lejos está el país de cumplirla y, sobre todo, qué debería estar haciendo su empresa hoy.

El contexto es conocido: la construcción arrastra el rezago de productividad más severo de la economía global — los grandes proyectos superan el presupuesto original en promedio un 80 % y se retrasan 20 meses respecto al cronograma (McKinsey Global Institute, 2017). Los gobiernos que adoptaron mandatos BIM — Reino Unido en 2016, Chile y Perú en nuestra región — lo hicieron precisamente porque el comprador público es el único actor con poder de mercado suficiente para forzar la estandarización de la información. Colombia siguió ese mismo camino.

La génesis normativa: del CONPES 3975 a la ENBIM

El punto de partida formal es el documento CONPES 3975 del 8 de noviembre de 2019 — la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial — que estableció las condiciones habilitantes para la innovación digital en los sectores público y privado y dio origen al Comité de Direccionamiento y a la Mesa de Trabajo BIM que estructurarían el equivalente colombiano de un mandato BIM (Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES], 2019; Aerocivil, s.f.).

Un año después, en noviembre de 2020, el DNP publicó la Estrategia Nacional BIM 2020–2026 (ENBIM), con el acompañamiento del Gobierno del Reino Unido — el país que sirvió de modelo con su mandato BIM Level 2 de 2016 (DNP, 2020; Cabinet Office, 2011). La ENBIM fija tres objetivos graduales:

El tercer eslabón llegó en 2021, cuando ICONTEC adoptó la NTC-ISO 19650-1:2021 — la traducción oficial para Colombia del estándar internacional de gestión de información BIM (Global BIM Network, 2021). Con ello, el país quedó alineado con el mismo marco técnico que exigen el Reino Unido y la Unión Europea: si su empresa domina la ISO 19650, domina el lenguaje del mandato colombiano. Si el ecosistema de normas ISO todavía le resulta difuso, en nuestro análisis del ecosistema normativo BIM está desglosado norma por norma.

La hoja de ruta 2019–2026, hito por hito

La ENBIM no impuso el mandato de un día para otro: definió una adopción progresiva con metas de cobertura crecientes sobre los proyectos públicos. Explore cada hito de la línea de tiempo — cada punto es interactivo:

Los cuatro pilares de la implementación

La ENBIM organiza su ejecución en cuatro pilares (DNP, 2020). Entenderlos ayuda a anticipar qué tipo de requisitos aparecerán en los pliegos de licitación:

Tabla 1

Pilares de la Estrategia Nacional BIM y sus implicaciones prácticas

Qué exige y a quién

El mandato de 2026 aplica a los proyectos de construcción e infraestructura pública del orden nacional o cofinanciados por la Nación (DNP, 2020). Pero la exigencia no llegó de golpe ni de una sola fuente: se ha ido materializando entidad por entidad, cada una con sus propios documentos técnicos. Esta es la foto actual de quién ya tiene iniciativas BIM formales y con qué instrumentos:

Tabla 2

Entidades públicas con iniciativas BIM en Colombia y documentos aplicados

¿Y las empresas privadas? No están obligadas directamente, pero quien quiera contratar con el Estado deberá demostrar capacidades BIM: modelos según ISO 19650, gestión en CDE y personal con roles definidos. El mandato convierte la madurez BIM en requisito de acceso al mercado público — y los documentos de la tabla anterior son, en la práctica, el temario de ese examen.

Metas vs. realidad: la brecha del 2026

¿Va Colombia a cumplir su propio mandato? Aquí conviene ser rigurosos con los datos, porque no existe una medición oficial consolidada del porcentaje de proyectos públicos que usan BIM. El mejor termómetro disponible es la Encuesta Nacional BIM de Camacol y BIM Forum Colombia — que mide otra cosa: la adopción empresarial. Su primera edición encontró que el 49 % de 643 compañías encuestadas estaba adoptando BIM (Camacol, 2024), y la lectura citada a diciembre de 2025 ubicaba el avance en 52 % (HSB Noticias, 2025). Son métricas distintas a la meta de proyectos públicos — pero si solo la mitad de las empresas usa BIM, es materialmente imposible que el 85–100 % de los proyectos públicos lo esté exigiendo y ejecutando.

La lectura estratégica de esa brecha es menos obvia de lo que parece. Que el Estado llegue tarde a su propia meta no des-activa el mandato: lo aplaza y lo concentra. Las entidades seguirán incorporando requisitos BIM en sus pliegos — el sector transporte ya lo hizo por resolución — mientras la mayoría de los oferentes sigue sin estar preparada. Para las empresas que sí lo estén, cada punto porcentual de esa brecha es ventaja competitiva directa en la contratación pública: menos competidores habilitados para los mismos contratos.

¿Por qué no se implementó como estaba previsto?

Una reflexión honesta sobre el rezago apunta a cuatro causas estructurales. La primera es de naturaleza jurídica: la ENBIM es un documento de política, no un decreto reglamentario de alcance transversal. Sin un instrumento vinculante general, cada sector avanzó al ritmo de su propia voluntad institucional — y el único que lo formalizó por resolución (transporte) lo hizo apenas en octubre de 2024, cuatro años después de publicada la estrategia. La segunda es la discontinuidad institucional: la estrategia atravesó un cambio de gobierno y de prioridades, sin que una entidad única con autoridad presupuestal quedara como dueña exigible del mandato. La tercera es la brecha de capacidades en el territorio: el mandato alcanza proyectos cofinanciados, pero un municipio sin talento BIM no puede exigir — ni mucho menos supervisar — lo que no conoce; el pilar de desarrollo de capacidades resultó ser el más lento de ejecutar. Y la cuarta es la fragmentación documental que la propia ENBIM quería resolver: cada entidad publicó su propia guía (Tabla 2), lo que multiplica el costo de entrada para los oferentes en lugar de reducirlo. Nada de esto invalida la dirección de la política; explica su velocidad.

Colombia en el contexto regional

Tabla 3

Mandatos BIM en América Latina y el precedente británico

El patrón regional es consistente: primero un plan nacional con metas graduales, luego mandatos sectoriales, y finalmente la exigencia transversal. Colombia va un paso adelante de Perú en el calendario (2026 vs. 2030) pero con un rezago de ejecución que Perú también comparte — los procesos de licitación de ambos países aún no incorporan de forma plena los requisitos de modelado y entrega de información (WR Ingeniería, 2024).

Cómo preparar su empresa: seis pasos concretos

Si su empresa aspira a contratar con el Estado — o a subcontratar con quienes lo hacen —, la preparación no es un proyecto de un trimestre. Esta es la secuencia que recomendamos: despliegue cada paso, y márquelo cuando su empresa ya lo tenga resuelto — su avance queda guardado en este navegador.

Conclusión

La Estrategia Nacional BIM no es una recomendación: es la hoja de ruta oficial con la que el comprador de obra más grande del país — el Estado — decidió transformar su forma de contratar. El mandato de 2026 llega con rezago de ejecución, pero su dirección es irreversible: el sector transporte ya lo formalizó por resolución, las entidades pioneras ya lo exigen en sus pliegos y la NTC-ISO 19650 ya define el estándar técnico. La pregunta para las empresas del sector no es si el mandato las alcanzará, sino si cuando lo haga estarán del lado del 52 % que puede ofertar — o del que mira desde afuera.

Referencias bibliográficas y técnicas